La tierra, los impuestos y yo

SURda

 

Economía

 

William Yohai*

Corría el año 2003; el autor de estas líneas y un querido amigo y técnico recorrían el país en busca de un campo para arrendar. Vieron no menos de 20 estancias en gran parte de los departamentos del país. Casi ninguna se arrendaba completa. El campo más barato que les fue ofrecido era una estancia sin instalaciones, con una vivienda precaria como única mejora, prácticamente sin divisiones internas, donde no llegaba la señal de telefonía celular ni la energía eléctrica, y con unos accesos diabólicos. El precio 13 dólares por hectárea y por año. Campo seguramente de los peores del país, cerros, monte natural intrincado, y, por supuesto, garrapata, con la resultante necesidad de bañar al ganado varias veces por año.

En las recorridas nos encontrábamos periódicamente con grupos de estancieros más o menos fundidos enarbolando la insólita consigna “rentabilidad o muerte”. Ni “patria o muerte”, ni “libertad o muerte”.........toda una una escala de valores al desnudo.

Pero el hecho de que la demanda de campos para arrendar superara ampliamente la oferta implicaba, sin lugar a la menor duda, que había en efecto rentabilidad. O sea, si alguien estaba dispuesto a pagar una cifra de dinero significativa por arrendar algo es porque, salvando algún caso insólito de un capitalista tan generoso como para regalarle su dinero al dueño de un campo, evidentemente el “estudio de situación” enseñaba a los capitalistas futuros arrendatarios que, además de la renta obtendrían una ganancia para ellos después de la inversión que implicaba, además de la renta, la compra de ganado, mejoras imprescindibles a los campos y el trabajo de administrar los mismos.

Simple lógica burguesa, diría uno.

Ya para aquellos años el “adelantado” Correa, el brasilero dueño de una importante empresa fabricante de bienes de amplio consumo había adquirido más de 100 mil hectáreas de suelo nacional a precios de regalo.

Descubrimos, por esos tiempos, que el campo no pagaba impuesto de primaria, tal cual lo hacían las viviendas, incluso modestas en las ciudades. Y que tampoco pagaba impuesto al patrimonio, como si lo hacía (bueno, por lo menos debía hacerlo) cualquiera que tuviera como patrimonio una casa más o menos buena, un auto y alguna casa en balneario.

Correa, por ejemplo, no pagaba ninguno de estos impuestos.

Tuvimos a este respecto una discusión abortada con el que después sería ministro de ganadería, el ingeniero Agazzi. Que sostenía, de acuerdo a los versos que contaban los antesalistas (nos repugna un poco usar el término de origen inglés “lobbysta”) del siempre llorón “sector agropecuario”, que “una familia dueña de 2.000 hectáreas en el Norte obtenía apenas 16.000 pesos por mes”. En aquel entonces eso equivalía a unos 6 a 7 mil dólares al año. Y sin embargo, después de nuestra amplia recorrida por el país estábamos en condiciones de afirmar, con amplio conocimiento de causa, que si esa “familia” (nótese el uso del lenguaje y su trasfondo ideológico, 2000 hectáreas constituía en el léxico de la izquierda tradicional un “latifundio”, y su propietario era un “latifundista” o “estanciero”) arrendaba el campo obtendría, siendo este realmente muy malo, no menos de 30 mil dólares al año. Y esto sin explotarlo, simplemente rascándose la panza.

Nuestra disposición a “pensar bien” de los compañeros nos inducía, entonces, a suponer que estaban simplemente equivocados.

Pero cada vez que intentábamos discutir el tema nos topábamos con una verdadera “muralla china”. Y claro, a medida que el tiempo pasó nos dimos cuenta de que algo “olía muy mal en el MPP”. Y que se estaba produciendo, o, más aún, ya se había producido una alianza férrea entre los estancieros de este país y el MPP comandado por el entonces senador José Mujica.

Ya en aquella época propusimos a todo el que quiso oirnos que una primera medida para restablecer en algo la justicia tributaria en el país era, precisamente, que “el campo” volviera a pagar, como cualquier hijo de vecino, los impuestos de primaria y patrimonio.

Como es de pública notoriedad, no tuvimos suerte.

Pasó el tiempo, el frente amplio accedió al gobierno.....y en setiembre de 2005 el semanario “crónicas económicas” publicó una entrevista al entonces presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y connotado “familia” o sea, estanciero-latifundista, Fernando Matos en la cual éste afirmó: “Mujica es un aliado nuestro”. Para mi, éste fue el fin de cualquier duda. Mujica, y el MPP, y el MLN se habían transformado en aliados de la oligarquía vacuna.

Pasa el tiempo, el “Pepe”, el que decía poco antes de las elecciones de 2004 que “llegamos al gobierno y yo me voy para la chacra” está en la Presidencia de la República.

En el interin este humilde escriba fue desarrollando una teoría sobre los impuestos a la tierra. Después de proponer, con éxito nulo, que se gravara con un par de impuestos realmente menores al sector, propuso que se creara un impuesto similar al viejo (de 1967, época de Pacheco) impuesto a la producción mínima exigible (IMPROME). Y cuanto más estudiábamos el tema más comprendíamos la sabiduría de aquel impuesto, que había logrado, en pocos años la mayor incorporación de tierra; 250 mil hectáreas, al patrimonio del Instituto Nacional de Colonización. Nos orientó en este proceso el fallecido y gran amigo Ing. Agrónomo Ricardo Cayssials. Comprendimos también la importancia de la renta de la tierra y de las rentas en general como factores retardatarios del desarrollo capitalista en cuanto se permitiera que fueran apropiadas por un reducido sector de la sociedad.

En efecto, el proceso de transformación que ha cruzado el campo uruguayo en los últimos 10 años se ha caracterizado precisamente por la concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra. Y no solo de ésta, también la producción se ha concentrado. Un auge y una bonanza extraordinarios son visibles cuando uno recorre el interior del país. Grandes máquinas, vehículos de lujo, cascos de estancia remozados, y en los pueblos y ciudades más en contacto con la producción agropeuaria se observa el mismo fenómeno que superficialmente puede inducir a creer en una riqueza distribuida. No es así. En lo esencial, tanto en el campo como en la ciudad los frutos de tales despliegues en lo esencial son privativos de muy poca gente, tal vez no más del 20% de la población.

Pero la verdad detrás de todo esto es que esencialmente LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, TAL COMO LO MUESTRAN LOS NÚMEROS DE LAS CUENTAS NACIONALES QUE PUBLICA EL BANCO CENTRAL, ESTÁ ESTANCADA(1). Si, estancada, tal como lo estaba cuando los jóvenes de los años 60 pedíamos a gritos (y también a tiros) una reforma agraria. O como cuando lo hacía en marzo de 1971 el general Seregni en el discurso fundacional del frente amplio.

La actual bonanza se debe, única y exclusivamente a los elevados precios de los commodities de exportación. Productos que se exportan, además, en su inmensa mayoría sin agregado de valor o con un nivel mínimo de procesamiento.

Por todo lo anterior es sorprendente que, así nomás, de la nada, el Presidente de la República salga, muy suelto de cuerpo él, a afirmar que instalará un impuesto progresivo a la propiedad de la tierra.

Lo han precedido unas declaraciones de un hombre que dicen que es de su confianza, el economista Frugoni que preside la OPP.

¿deberíamos alegrarnos?

Claro,......pero.....

Éste es el mismo personaje que ya dos veces le prometió a los burgueses de toda laya, nacionales y extranjeros que no habrá cambios significativos en el sistema tributario. Después de su gráfico “no les vamos a doblar el lomo con impuestos”, ahora viene a proponer un “impuestito” para que, quienes tanto se han beneficiado (¿habrá leído “la torta y las migajas” el último libro de REDIU donde se demuestra que los terratenientes de más de 200 hectáreas se enriquecieron en más de 31 mil millones de dólares entre 2003 y 2010?) paguen “unos pesitos más”. Específicamente quienes tienen más de 2000 hectáreas. Y quienes tienen más de 100.000 (tanto y tanto ha avanzado la “contrareforma agraria” en estos años que hay varias trasnacionales que lo hacen) “algo más”. Las citas no son textuales. Y en uno de los parlamentos, siempre informales que ha producido al respecto los últimos dos días ha incluso precisado “3 o 4 dólares más por hectárea y por año”(2).

Tratando de enfocar toda esta historia científicamente vemos dos posibilidades: 1) que el Presidente realmente esté pensando en poner algún impuesto modesto por sus alcances recaudatorios, casi insignificante a los latifundios. 2) Que todo sea nada más que una maniobra de distracción hacia sectores descontentos del partido de gobierno. En efecto, demuestra la historia de los últimos años que la gente tiene memoria corta y fragmentaria. Cuando se habla repetidamente de algún tema, en especial propuestas de cambios en políticas, la mayoría se queda con la idea de que las mismas se han llevado a cabo, aunque éste no sea el caso. Si lo que está sucediendo es esto, es claro que nada va a suceder.

Pero si la verdad es la primera opción, entonces llama poderosamente la atención, aunque no sea nueva en él, la forma en que el presidente presenta su idea “en sociedad”.

Es claro: están en contra, por supuesto, los terratenientes. Y ya han salido estentóreamente a proclamarlo. Y, también muy previsiblemente, está en contra y anuncia que no votará una ley en ese sentido un extenso sector del partido de gobierno, además, seguramente, los parlamentarios blancos y colorados.

En suma: el presidente no ha movido un solo dedo para que un proyecto de esta índole parta con el único apoyo que podría tener: el del pueblo.

Y no podemos suponer que ignore que, sin un gran apoyo masivo es imposible que un proyecto de esta índolo salga adelante. El panorama político del país es demasiado claro al respecto.

No nos queda otro camino, por tanto, que pensar que la variante 2 es la única certera; o sea, se trata de una nueva maniobra de distracción para que algunos cientos de militantes piensen que “el Pepe quiere pero no lo dejan” y se termine de convencer de las reales intenciones del personaje. Y también, en afán científico, no descartamos que al final se termine aprobando alguna imposición de ínfima significación cuantitativa con el fin de “llenar el ojo”.

La vida dirá.

Actualización hoy 27 de Mayo de 2011: El vicepresidente Astori ha sugerido que de lo que se trata es de pedirles “aportes” a los integrantes del sector para obras de infraestructura, básicamente caminería. Y tal cual precisa su espada, el diputado Alfredo Asti en entrevista (3) con radio El Espectador: “Yo también acabo de decir que dentro de las características de la tributación está la contribución por mejoras que tiene. Es una de las características tributaria, que no es un impuesto. Como se beneficia un propietario de un inmueble cuando se le asocia una obra pública que le sirve para los fines productivos que tiene. Por ejemplo, pongo el tema de contribución por mejora, como puede ser de tasas u otro tipo de contribuciones que ayuden a financiar algo que va en beneficio de toda la colectividad y del propio sector al cual se está incluyendo en ese tipo de…”.

A buen entendedor: de lo que se trata es de imponerle a determinados terratenientes una modesta tasa para caminería rural.

Ya lo dijimos antes, particularmente en nuestro programa de radio (radio Fénix los lunes 21 horas): Sres. Terratenientes no tienen nada que temer de este gobierno. Pueden dormir (y enriquecerse) tranquilos.

1) http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Enero-Diciembre-2010.aspx: Se puede comprobar que el producto interno bruto agropecuario en los 5 años entre 2005 y 2010 ha crecido al 1,4% anual, el PBI lo ha hecho a una tasa del 7%, tambièn cada año.

2) Recién después de que se conozca el próximo censo agropecuario se podrá saber cuantas hectáreas serían afectadas y cual sería la recaudación involucrada. El presidente habló de 60 millones de dólares por año. Esto significaría un 3% (o algo menos) del PBI agropecuario de 2010.

3) http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?m=&id=213202&ipag=3

*Miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay